Gerardo Hernández/ Milenio
El lastre de la deuda estatal, aunado a los cuestionamientos contra el gobierno municipal de Eduardo Olmos Castro, por la escalada de violencia, la falta de obras, la opacidad en las finanzas, el vacío de autoridad, el desplome de los servicios públicos y la inconformidad en sectores del PRI marginados, propicia el surgimiento de grupos sociales que incluso demandan la renuncia del alcalde.
La deuda tuvo su primer efecto colateral el 1 de julio. El PRI de Coahuila ofreció entre ochocientos mil y novecientos mil votos a su candidato presidencial Enrique Peña, de los cuales solo consiguió 467 mil en alianza con el Partido Verde. Acción Nacional obtuvo 431 mil. El PRI retrocedió cuarenta por ciento respecto a las elecciones de gobernador del año previo. Además perdió las senadurías de mayoría y las diputaciones de los distritos 3, 6 y 7, con cabecera en Monclova, Torreón y Saltillo, respectivamente, donde se concentra la mayor oposición.
Aunque el Partido Revolucionario perdió también los escaños senatoriales y varias diputaciones con el PAN en 2000 y 2006, los resultados de este año animan a la sociedad a organizarse para cobrar facturas en las elecciones municipales del año próximo. Es el caso de Claridad y Participación Ciudadana, que dirige el empresario ex priista Armando Guadiana Tijerina. La organización, con presencia en las principales regiones del estado, busca los mejores perfiles para las alcaldías.
En Torreón, Participación Ciudadana 29 inició el 3 de septiembre la campaña “Torreón Zona Cero”. Su manifestación inaugural fue en la Presidencia Municipal. En una carta abierta, firmada por Martha Silvia Wong Castañeda, de la cual se extendió copia al gobernador Rubén Moreira y al presidente electo Enrique Peña, el grupo denuncia que la respuesta a sus demandas “fue de agresión física y verbal de un grupo de choque enviado con el fin de intimidarnos”. Más adelante pregunta a los torreonenses: “¿creen ustedes que es la forma adecuada para resolver los graves problemas de nuestra ciudad?”.
Participación Ciudadana 29, organización no partidista y sin fines electorales, según se anuncia, exige “un gobierno que combata la corrupción en vez de solaparla (…) que transparente las finanzas públicas. Ya basta de gobiernos que, en lugar de beneficiar al Municipio o al Estado, lo hunden. Los ciudadanos estamos indignados ante la opacidad, el abuso de poder e impunidad de este gobierno. Si las autoridades no cumplen con su obligación, que renuncien”.
También existe malestar entre los empresarios. El Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada demanda conocer el destino de la deuda del estado, así como obras y servicios según los ingresos del municipio. Otro punto de debate es la aplicación del Impuesto Sobre Nóminas. El reproche de que el gobierno invierte más en Saltillo es permanente. El organismo más crítico es la Confederación Patronal de La Laguna cuyo presidente, Víctor Alducin, participa en Transparencia y Participación Ciudadana y Participación Ciudadana 29.
En ese contexto renació la idea de formar un nuevo estado. El 9 de septiembre, la Liga Mexicana de los Derechos Humanos celebró el primer acuerdo para el parlamento ciudadano del Estado de La Laguna. Iniciar el proceso ante la Cámara de Diputados requiere ciento veinte mil firmas. Basada en una encuesta cuya metodología no reveló, la LMDH asegura que cincuenta y cinco por ciento de los laguneros apoya la separación.
La deuda tuvo su primer efecto colateral el 1 de julio. El PRI de Coahuila ofreció entre ochocientos mil y novecientos mil votos a su candidato presidencial Enrique Peña, de los cuales solo consiguió 467 mil en alianza con el Partido Verde. Acción Nacional obtuvo 431 mil. El PRI retrocedió cuarenta por ciento respecto a las elecciones de gobernador del año previo. Además perdió las senadurías de mayoría y las diputaciones de los distritos 3, 6 y 7, con cabecera en Monclova, Torreón y Saltillo, respectivamente, donde se concentra la mayor oposición.
Aunque el Partido Revolucionario perdió también los escaños senatoriales y varias diputaciones con el PAN en 2000 y 2006, los resultados de este año animan a la sociedad a organizarse para cobrar facturas en las elecciones municipales del año próximo. Es el caso de Claridad y Participación Ciudadana, que dirige el empresario ex priista Armando Guadiana Tijerina. La organización, con presencia en las principales regiones del estado, busca los mejores perfiles para las alcaldías.
En Torreón, Participación Ciudadana 29 inició el 3 de septiembre la campaña “Torreón Zona Cero”. Su manifestación inaugural fue en la Presidencia Municipal. En una carta abierta, firmada por Martha Silvia Wong Castañeda, de la cual se extendió copia al gobernador Rubén Moreira y al presidente electo Enrique Peña, el grupo denuncia que la respuesta a sus demandas “fue de agresión física y verbal de un grupo de choque enviado con el fin de intimidarnos”. Más adelante pregunta a los torreonenses: “¿creen ustedes que es la forma adecuada para resolver los graves problemas de nuestra ciudad?”.
Participación Ciudadana 29, organización no partidista y sin fines electorales, según se anuncia, exige “un gobierno que combata la corrupción en vez de solaparla (…) que transparente las finanzas públicas. Ya basta de gobiernos que, en lugar de beneficiar al Municipio o al Estado, lo hunden. Los ciudadanos estamos indignados ante la opacidad, el abuso de poder e impunidad de este gobierno. Si las autoridades no cumplen con su obligación, que renuncien”.
También existe malestar entre los empresarios. El Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada demanda conocer el destino de la deuda del estado, así como obras y servicios según los ingresos del municipio. Otro punto de debate es la aplicación del Impuesto Sobre Nóminas. El reproche de que el gobierno invierte más en Saltillo es permanente. El organismo más crítico es la Confederación Patronal de La Laguna cuyo presidente, Víctor Alducin, participa en Transparencia y Participación Ciudadana y Participación Ciudadana 29.
En ese contexto renació la idea de formar un nuevo estado. El 9 de septiembre, la Liga Mexicana de los Derechos Humanos celebró el primer acuerdo para el parlamento ciudadano del Estado de La Laguna. Iniciar el proceso ante la Cámara de Diputados requiere ciento veinte mil firmas. Basada en una encuesta cuya metodología no reveló, la LMDH asegura que cincuenta y cinco por ciento de los laguneros apoya la separación.
